Permiso para existir: cuando un derecho se vuelve una concesión política

Permiso para existir: cuando un derecho se vuelve una concesión política

El discurso oficialista que pretendió justificar la reforma judicial, además de falso, es ruin: frases como “justicia cercana”, “atención de los más desfavorecidos” no son más que retórica perversa y oportunista.

Quienes participaron en esta farsa, consumando la destrucción de la República, fueron personas y candidatos que utilizaron como rostro causas legítimas y nobles, particularmente, las que aquejan a los pueblos indígenas y originarios.

La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) es el más claro ejemplo de ese cinismo.

Recientemente dictó una sentencia que agravia profundamente a todos y a cada uno de los pueblos originarios de la Ciudad de México, porque les niega su derecho a ser y existir. La sentencia los obliga a someterse a un proceso de evaluación de su identidad, cultura e historia, entregando al gobierno la potestad de decidir si merecen ser llamados o no pueblos originarios.

El fraude comenzó en las comunidades indígenas

Antes de entrar en el tema, quiero recordar que, los magistrados electorales que hoy integran la “Sala Regional del Pueblo”, llegaron a su cargo ofendiendo a las comunidades indígenas.

Esto lo documenté cuando escribí y denuncié el fraude electoral cometido en una de las regiones más pobres de todo el país: Cochoapa el Grande, Guerrero; una comunidad indígena donde el 99% de la población vive en situación de pobreza (85% es pobreza extrema).

En Cochoapa su preocupación nunca fue cómo se integran los tribunales, mucho menos, los tribunales electorales, sino tener qué comer. Las personas mueren por falta de servicios de salud y desnutrición.

Evidentemente, ningún “magistrado electoral del pueblo” fue a esa región a hacer campaña; y resultaba imposible que los pobladores tuvieran información de la elección judicial tan compleja, porque estamos hablando de un lugar inaccesible, sin los servicios más básicos, con un alto número de habitantes que no hablan español y un altísimo analfabetismo.

Ni siquiera una realidad tan cruda fue obstáculo; el INE reportó urnas llenas y votos unánimes para los mismos candidatos que hoy son jueces, magistrados y ministros.

Pese a ello, los magistrados electorales “por voto popular” se atrevieron a inaugurar la “Sala Regional del Pueblo” con mensajes de comunidades indígenas, comenzando con Cochoapa el Grande. Probablemente, creyeron que así disiparían la “duda” del evidente fraude en ese lugar; pero olvidaron un pequeño detalle: el fraude se comprobó cuando el propio INE —en un hecho sin precedentes— invalidó la votación de varias casillas de esa región.

Así, desde antes de asumir el cargo, se demostró cómo es que los magistrados electos habían instrumentalizado políticamente a las regiones más necesitadas del país, aquellas que sólo usaron como lema de campaña, pero inmediatamente olvidaron en sus sentencias.

Permiso para existir

Este desprecio por la realidad y sufrimiento de los pueblos indígenas y originarios no terminó en Guerrero, fue solo el comienzo. La antesala de la discriminación institucional y estructural que ahora surge de la propia Sala Regional “del Pueblo”, con magistrados que le deben su puesto a MORENA y por eso hoy traicionan a los más desfavorecidos.

La mentira de “la justicia cercana” cayó muy pronto. El 23 de octubre de 2025, a sólo mes y medio de que asumieran el cargo, la discriminación contra los pueblos originarios quedó plasmada en una sentencia (SCM-JDC-305/2025). La Sala Regional “del Pueblo” decidió que el Consejo Comunal Indígena Nahua y el pueblo de Villa Milpa Alta no tendrán reconocimiento ni derechos, a menos que el gobierno de la Ciudad de México los evalúe, los reconozca y los inscriba en un Sistema de Registro de Pueblos y Barrios Originarios.

Este Sistema de Registro, creado en 2022, ha provocado inconformidad, inestabilidad y una cadena de desgastantes litigios; viola sus derechos humanos colectivos, e incluso se ha reconocido su inconstitucionalidad en diversos juicios de amparo.

Pese a este claro historial, la Sala Regional emitió una sentencia no solo absurda y formalista, sino que contradice criterios establecidos por el propio Tribunal Electoral durante años.

La Sala olvidó lo más básico: La existencia de un barrio, comunidad y un pueblo originario o indígena es ancestral, cultural, territorial, política y de organización social, sostenida por una cosmovisión propia. Emana de un proceso histórico y de resistencia generacional que ha costado vidas y mucho dolor.

Los magistrados “del pueblo” ni siquiera se tomaron la molestia de revisar la última reforma constitucional en materia indígena, ni los argumentos planteados por el pueblo originario Villa Milpa Alta.

Se ignoró a los expertos que acudieron a la Sala como Amigos de la Corte, quienes presentaron un análisis bien documentado para explicar que el Sistema de Registro creado por el gobierno es profundamente racista, porque concibe a los pueblos originarios como “piezas de museo estáticas que no evolucionan”, ignorando el proceso histórico y su vida contemporánea. “Clasistas y racistas” diría el profeta de esos magistrados.

La sentencia fue tan contundente como absurda: no hay derechos electorales, no hay consultas previas, no se reconoce a las autoridades tradicionales, si antes el pueblo no se somete a un examen para acreditar su existencia que será decidida por el gobierno.

El Sistema de Registro implementado por el gobierno, es claramente inconstitucional; pero la Sala Regional no solo dejó de atender esto, tampoco se preocupó por aminorar los efectos; por el contrario, lo llevó de ser un trámite burocrático a un “permiso para tener derechos”.

Con una determinación así, la identidad ya no es el elemento fundamental para reconocerse como indígena porque, para ello, será necesario el permiso del Estado.

Conclusión

Así, a tan solo dos meses del inicio de los “tribunales del pueblo” el alto costo de la reforma judicial ya se ha comenzado a sentir.

Cuando un tribunal obedece al poder político o a un partido y no a la Constitución, la sociedad ha quedado indefensa, y los primeros en resentirlo siempre serán los más desprotegidos.

Esta sentencia es un acto de discriminación institucional que somete la identidad originaria a un “permiso para existir”. La Sala Regional Ciudad de México sentenció que, la existencia indígena es una concesión política, no un derecho.

Tal vez, en lugar de ritos ancestrales y bastones de mando… quizá en lugar de falsos discursos pro-indigenistas y videos en TikTok, los magistrados electorales deberían ponerse a estudiar cuáles son los derechos que tienen las comunidades indígenas y sus integrantes, o empezar a tener un mínimo de congruencia.