Tribunales electorales. El punto de quiebre de la democracia en México

Tribunales electorales. El punto de quiebre de la democracia en México

Muchos mexicanos y mexicanas nos preguntamos: ¿En qué país estamos? ¿En qué momento perdimos lo que se construyó por tantas décadas? ¿Cómo fue que no supimos cuidar lo que costó tantas luchas y vidas a lo largo de nuestra historia?

Hoy, al reflexionar sobre la pérdida de la independencia del Poder Judicial, que no es más que el cimiento del autoritarismo, podemos repasar muchos eventos coyunturales recientes; pero la realidad es que la independencia judicial se perdió en los tribunales electorales.

¿No resulta extraño que el Tribunal Electoral siendo parte del Poder Judicial de la Federación permaneció inmóvil frente a los embates y desmantelamiento de esta institución?

En la justicia electoral se enlazaron dos grandes fallas que cobraron una alta factura a México: la ausencia de carrera judicial y las integraciones incompletas de todos los tribunales electorales del país.

Ausencia de carrera judicial

A diferencia de lo que ocurre en el resto del Poder Judicial de la Federación, en el Tribunal Electoral (TEPJF) no hay carrera judicial; es decir, no hay mecanismos de ingreso, formación, evaluación del desempeño y procedimientos de separación del cargo de los funcionarios públicos de esa institución.

Esto se replica en los tribunales electorales de las entidades federativas.

A pesar de ello, por muchos años el sistema electoral fue capaz de contrarrestar esta debilidad a partir de una elevada exigencia y compromiso democrático de titulares (magistrados) que fueron parte de la institución en integraciones pasadas.

Sin embargo, la ausencia de carrera judicial siempre ha generado que −si así lo deciden los magistrados− el ingreso y la estabilidad laboral se encuentre supeditada a sus simpatías personales y no necesariamente a las capacidades profesionales y al compromiso social.

Antes de la reforma judicial, las magistraturas electorales ya eran designadas por acuerdos políticos construidos en el Senado de la República; por tanto, tampoco antes de la reforma judicial se garantizaba la llegada de los mejores perfiles ni su independencia judicial.

No es de extrañar que en el Tribunal Electoral (TEPJF) no haya generado escándalo que el Poder Judicial Federal perdiera la carrera judicial cuando nunca formaron parte de ella.

La ausencia de carrera judicial y las designaciones políticas de magistrados electorales fue una falla que siempre tuvo la independencia judicial bajo una espada de Damocles.

El día que pesó más la ambición que la vocación y la indignidad que la integridad, la espada cayó.

Tribunales incompletos

A esta debilidad se sumó otra anomalía que, en su conjunto, llevó a la cooptación de los tribunales electorales.

De 2020 a 2025 fueron concluyendo los periodos para los cuales fueron designadas las magistraturas electorales (federales y locales). Ante ello, el Senado de la República, con una mayoría oficialista, decidió obstruir toda posibilidad de que se realizaran las designaciones.

Como resultado, tenemos tribunales electorales que funcionan incompletos o con designaciones provisionales que nunca pasaron por la más mínima evaluación y actúan con una limitada autonomía.

La desintegración de todos y cada uno de los tribunales electorales del país dejó vulnerable al sistema judicial. De esta forma, la intromisión del oficialismo en la independencia judicial fue más sencilla.

Panorama próximo

El futuro de la justicia electoral ya se vislumbra ensombrecido, la reforma judicial ha premiado la subordinación o el silencio cómplice que han mostrado las magistraturas electorales ante el mayor ataque a la democracia mexicana.

Tanto le funcionó al oficialismo su estrategia, que no le bastan cuatro años de tribunales incompletos, va por más.

Los tribunales electorales locales seguirán funcionando con integraciones incompletas y sin independencia.

Mientras que el Tribunal Electoral Federal seguirá funcionado con una Sala Superior de cinco magistrados donde el oficialismo tiene asegurado el sometimiento de tres de sus integrantes. A todos ellos se les premió con una prórroga anticonstitucional de sus cargos.

Para nuestra desgracia, la reforma judicial no solo les prorrogó el cargo, también estableció con toda impunidad que no se harán los nombramientos de las dos magistraturas vacantes de la Sala Superior, violando el artículo 99 de la Constitución; así, el oficialismo asegura seguir teniendo el control.

Por su parte, las Salas Regionales de ese mismo tribunal, que deben estar conformadas por tres integrantes, en los próximos meses funcionarán con solo una magistratura debidamente nombrada.

Para infortunio democrático, estas son las instituciones que se encargarán de revisar la legalidad y constitucionalidad de las próximas elecciones judiciales.